Infancia, participación y municipio

Infancia, participación y municipio

* Por Cristina García Codrón

La participación ciudadana es un derecho humano fundamental que se encuentra recogido en las principales declaraciones y pactos del derecho internacional. Aunque corresponde a todos los poderes públicos promoverla, son los ayuntamientos, por ser el ámbito municipal el más cercano a la ciudadanía, donde su impulso adquiere una especial relevancia.

Acorde con esta visión, en todas las ciudades españolas se han ido reglamentando y configurando instrumentos de participación ciudadana, propiciado por una normativa (1) que insta a las corporaciones locales a facilitarla a toda la ciudadanía. La participación en la gestión municipal aparece así entre los derechos y deberes de los vecinos/as, cuya condición se adquiere exclusivamente a través del empadronamiento.

Por tanto, los niños, niñas y adolescentes tienen un total reconocimiento legislativo para ejercer su derecho a la participación. Además, tras ratificar la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, se desarrolló una normativa en este país que obliga a las Administraciones Públicas a facilitar la asistencia y recursos que precisen para el ejercicio de sus derechos, incluidos el de participación y de incorporación progresiva a la ciudadanía activa (2).

Pese a todo este marco normativo a favor de la promoción de la participación ciudadana, y más concretamente la de la población infantil, las administraciones supralocales no han proporcionado suficiente apoyo a los ayuntamientos para desarrollar y poner en marcha procesos y mecanismos de participación infantil, ni establecido sistemas efectivos para su seguimiento, control y evaluación.

Por su parte, los ayuntamientos, órganos de gobierno de los municipios, han desarrollado reglamentos y mostrado “buena voluntad”. Pero en términos generales, al no acompañarse de los medios técnicos y económicos necesarios, han estado más centrados en el cumplimiento formal (participación como fin) que en generar verdaderos procesos participativos entre la población infantil (participación como medio para la construcción de ciudadanía y de mejora de la realidad local). De hecho, la mayoría de las políticas de infancia se siguen diseñando sin tener en cuenta sus opiniones y es casi anecdótico que se les tenga en cuenta en los planes estratégicos municipales, olvidando que son también beneficiarios de los servicios públicos.

En cuanto a la ciudadanía, pese a que se está iniciando un proceso de reapropiación de “lo público” por una sociedad civil cada vez más activa, sigue imperando una percepción de la infancia como “no capaces”. Esta percepción social adultocéntrica infravalora la participación infantil al considerarla inútil, lo que disminuye la preocupación por garantizarla.

Por su parte, el colectivo infantil apenas muestra interés por participar activamente en la vida local. Querer participar implica motivación, reconocimiento de capacidades, sentimiento de pertenencia y de co-responsabilidad, algo que choca frontalmente con la percepción adultocéntrica que también han interiorizado y con su escaso nivel de conciencia de ser sujetos actores y no meros receptores.

Esta aproximación resultaría incompleta si no se menciona una tendencia emergente, poco visible todavía pero fundamental, que tiene que ver con una mayor sensibilidad hacia el derecho a la participación del colectivo infantil. Entre las iniciativas más destacables están los procesos participativos impulsados por algunas Administraciones Públicas con reconocimiento del derecho a voto a los 16 años (3) o las iniciativas del Programa Ciudades Amigas de la Infancia, liderado por UNICEF, para la promoción e implantación de políticas municipales de infancia. Tampoco hay que obviar la importante labor que realizan numerosas ONG fomentando la participación infantil desde sus propios espacios o la participación directa de nuestros protagonistas, a través de las nuevas tecnologías, redes sociales, actos públicos, movilizaciones ciudadanas, etc.

Con este resumen, algo atrevido dada la escasa información fiable existente, se aprecia que la participación infantil en el ámbito municipal es un reto para todos los actores locales: diferentes administraciones que intervienen en cada municipio, entidades no lucrativas, movimientos sociales y ciudadanía en general incluyendo, claro está, a los niños, niñas y adolescentes. La administración debe promoverla y garantizarla a través de la dotación real y efectiva de recursos, contemplándola trasversalmente en cualquier estrategia municipal que les afecte (¿acaso algo no les afecta?) Por su parte, las entidades y la sociedad civil deben cooperar con las administraciones, velar por su cumplimiento y exigir resultados.

De acuerdo con Fernando Pindado (4), los ayuntamientos deben impulsar tanto políticas de consolidación y mejora del tejido asociativo y del capital social, como de incentivación a la intervención ciudadana individual en procesos participativos. Para impulsar la participación infantil, los ayuntamientos deberían evaluar sus acciones, yendo más allá del rol representativo de las organizaciones y de los órganos consultivos, que acostumbran a dejar poco espacio a la cooperación entre agentes y a la participación de los propios niños y niñas. Tampoco limitarse a acciones puntuales, como los Plenos Infantiles, o a órganos de participación directa excesivamente burocratizados, en los que las niñas y niños no ven los resultados de su acción.

Garantizar su participación requiere dar mayor visibilidad a los distintos colectivos infantiles y a su capacidad reactiva y proactiva, en función de sus estadios de desarrollo. Y considerando todo ello, garantizar los distintos niveles de participación, desarrollando estrategias para que quieran, sepan y puedan hacerlo: impulsar la cultura de la participación, procesos de adquisición de conocimientos y destrezas, espacios de encuentro y de participación progresiva. Permitiendo desde su acceso a la información, hasta su participación protagónica en fórmulas como los presupuestos participativos o el voluntariado.

La participación infantil es responsabilidad de todas y todos. Pues además de constituir un derecho que se está vulnerando, es una línea estratégica para cualquier sociedad democrática, determinante en el aprendizaje de los derechos y responsabilidades individuales y colectivos. Sin olvidar que plantear formas de relación más equitativas e inclusivas redunda en una sociedad más cohesionada e involucrada en mejorar su ciudad.

(*) Cristina García Codrón. Trabajadora social. Licenciada en Antropología Social y Cultural, es Experta en Políticas Sociales de Infancia y en Cooperación Internacional al Desarrollo.
  1. Texto consolidado de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regulador de las Bases de Régimen Local, con las modificaciones introducidas por la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
  1. Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia
  1. Ley catalana de consultas populares no referendarias, directrices para el ejercicio del derecho de propuesta y el desarrollo de audiencias públicas a través de la web de Gobierno Abierto de la ciudad de Madrid.
  1. Fernando Pindado. La participación ciudadana en el ámbito local. 2004. http://www.famp.es/famp/publicaciones/ficheros/2004grupo12.pdf

 

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