Las niñas del "Hogar Seguro"

Las niñas del “Hogar Seguro”

* Por Marta Martínez Muñoz y Mario Andrés-Candelas

El pasado 8 de marzo, mientras millones de personas en numerosas ciudades del mundo asistían a una de las movilizaciones globales por los derechos de las mujeres más reivindicativas de las conocidas hasta ahora, en Guatemala, 39 niñas “morían” calcinadas.

En San José de Pinula, una exclusiva zona residencial a pocos kilómetros de Ciudad de Guatemala, en la institución administrada por el Estado el Hogar Seguro Virgen de la Asunción tenía lugar una revuelta de niñas que protestaban, en su propio 8 de marzo, por las condiciones de vida del centro. Como medida de protesta por las agresiones físicas y sexuales de las que eran objeto en el centro, las niñas quemaron varios colchones. Encerradas bajo llave -según diversas fuentes, incluyendo las propias declaraciones del presidente de Guatemala, Jimmy Morales- 39 niñas murieron calcinadas y cerca de la veintena siguen hospitalizadas (El País indica que fueron 35, el Huffintong Post,  El Mundo y El Universo indican que 37, la cifra ha ido variando debido a que hay algunas heridas en estado muy grave).

Las agresiones por las que protestaban no eran recientes, como se puede comprobar de primera mano en el artículo “El refugio del que los niños huyen publicado en Plaza Pública el pasado mes de octubre, donde se relatan los abusos de todo tipo, incluyendo los sexuales, que sufrían los niños y niñas desde el año 2012. Estos hechos, habían sido ya denunciados por la Fiscalía de Santa Catarina Pinula del Ministerio Público de Guatemala así como por la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala (PDH). La PDH había advertido que en el Centro se incumplían los más básicos protocolos de atención a la infancia poniendo en evidencia que, bajo condiciones de hacinamiento, ya que teniendo capacidad para 400 personas, albergaba a 750 o incluso más, es imposible trabajar desde un marco de derechos.

La Procuraduría ha señalado que existía una orden judicial para cerrar paulatinamente el centro que nunca llegó a cumplirse. El pasado mes de noviembre la PDH había solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la adopción de medidas cautelares "a favor de las niñas, niños y adolescentes" del hogar.

Muchos de los niños y niñas habían llegado al Hogar Seguro después de vivir situaciones de violencia, abuso sexual y malos tratos. Este centro era un supuesto refugio estatal para “proteger sus derechos”, de los que aún quedan en muchos países, megainstituciones de altos muros donde la opacidad de las condiciones, suele ser la tónica habitual. Tras producirse el incendio, el ingreso al centro ha sido prohibido por las autoridades, nadie ha sido aún detenido y tras los muros de cemento y alambres de púas, nada parecía reflejar la tragedia de su interior.

La noche anterior a este feminicidio se habían escapado del centro un número “indeterminado” de chavales, una “fuga masiva” según la PDH de la que solo se ha logrado ubicar a 102 (todas las noticias al respecto ofrecen cifras muy dispares). Cuando los niños y niñas prefieren emprender huidas con destinos indeterminados a quedarse en el albergue, al que supuestamente entraron para ser protegidos y garantizar sus derechos, pone de manifiesto, sin género de dudas, el fracaso de este modelo y nuestro fracaso como sociedad.

UNICEF Guatemala indica que cerca de 250.000 niños y niñas viven en centros institucionalizados en América Latina, unas cifras que son el rostro más inhumano de un fracaso de las políticas públicas y de los Sistemas Nacionales de Protección Integral  que aún adolecen de un enfoque de derechos humanos, especialmente para personas menores de edad. No cabe dudasde la negligencia de las instituciones estatales responsables de la protección de los derechos de la niñez guatemalteca que no han actuado a tiempo, no han atendido al Interés Superior de la Niñez y tampoco han sido capaces de garantizar sus derechos.

Estos megacentros, propios de modelos asistenciales y con lógicas punitivas, no son una medida apropiada. Se deben promover alternativas orientadas a fomentar el acogimiento familiar y otros programas para atender a quienes necesiten medidas de protección especial, con la debida especialización que los niños, niñas y adolescentes requieran según sus características y acordes a los lineamientos del marco de derechos internacional. La institucionalización debería ser siempre el último recurso, y garantizando siempre, sin excepción, el bienestar de los niños y niñas, así como el cumplimiento de todos sus derechos, cosa que manifiestamente no ocurría en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ni en otras tantas instituciones de atención a la infancia en todo el mundo.

Diferentes organismos de América Latina ya se han pronunciado: UNICEF, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) o la Red Latinoamericana y Caribeña por la defensa de los derechos de los niños y niñas y adolescentes (REDLAMYC). Estos hechos no pueden quedar en el recuerdo ni en el lamento de una tragedia, para la REDLAMYC es necesario:

  1.  Desarrollar una inmediata y exhaustiva investigación de los hechos, con acompañamiento internacional, que permita identificar las causales de la tragedia y que los responsables de toda la cadena de mando y sean procesados penalmente.
  2.  Investigar los actos de negligencia y obstáculos a las denuncias previas sobre presuntos delitos de malos tratos, tortura y abuso sexual cometidos en contra de niñas y niños que vivían en el "Hogar seguro".
  3.  Asegurar el respeto irrestricto hacia las niñas, niños y adolescentes que permanecen en el lugar. Desarrollando un plan inmediato de retorno a sus familias de origen, familias de acogida u otras modalidades de cuidado alternativo con un seguimiento sistemático.
  4.  Brindar apoyo psicosocial y acompañamiento a familiares de las niñas, niños y adolescentes víctimas fatales, para lograr un efectivo acceso a la justicia y reparación del daño.
  5.  Incorporar a la sociedad civil en el acompañamiento técnico hacia el proceso de eliminación de dicho hogar. Atendiendo las Directrices de Naciones Unidas para los cuidados alternativos de niñas, niños y adolescentes.
  6.  Desarrollar un verdadero Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Guatemala, con el máximo de los recursos posibles; que permita lograr un mecanismo de articulación del más alto nivel, un programa nacional de derechos humanos de la infancia, espacios de participación a las organizaciones sociales expertas y amplia participación de las niñas, niños y adolescentes en todos los temas que les afectan.

En muchas ocasiones, ante este tipo de hechos, se obvia la individualidad de las víctimas, su categoría de sujetos con derechos, sueños, deseos y aspiraciones, de ahí la importancia de recuperar sus historias. Entre las víctimas, de las que todavía se conoce muy poco, se encontraba Ashley Gabriela (15 años). Cuando tenía 10 años de edad, paradójicamente, quiso convertirse en oficial de los Bomberos Municipales del mismo municipio donde estaba albergada.

El 8 de marzo mientras estas niñas protestaban por la violación de sus derechos, que el propio Estado responsable de su protección estaba vulnerando,  han muerto calcinadas y encerradas. Este hecho no puede dejar de recordarnos a las 123 mujeres, en su mayoría jóvenes inmigrantes, que el 25 de marzo de 1906, morían en el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist en la ciudad de Nueva York. Hace 106 años, como parece que ocurrió en San José de Pinula, las mujeres no pudieron salir de la fábrica porque las puertas estaban cerradas.

Hoy, más que nunca, cabe preguntarse si Lloyd DeMause (1) estaba en lo cierto cuando escribió que “la historia de la infancia es una pesadilla de la que hemos empezado a despertar hace muy poco”, en el caso de las niñas de Guatemala, y en otros muchos, la pesadilla continúa. Y así seguirá siendo mientras que las vidas de las niñas y niños no merezcan la misma dignidad y visibilidad que la de las personas adultas y los derechos humanos de la infancia formen parte de la batalla por el conjunto de derechos.

La historia de la infancia no puede seguir siendo la historia de sus mecanismos de control, la de los asuntos privados, ni la de la cultura de la prescindibilidad. La infancia necesita políticas públicas que garanticen todos sus derechos al más alto nivel. La infancia no puede seguir siendo concebida como un estado permanente de espera o moratoria  hacia el futuro, ni como un periodo transitorio hacia la edad adulta, ni quedar en una noticia de tragedia, ni ser vistas exclusivamente como víctimas de la dejación del mundo adulto, ni siquiera como objetos a proteger, ni convertirse casi en exclusiva en noticia cuando ocurren estas violaciones de derechos... En palabras de Manuel Sarmento (2): “la mayor paradoja de la infancia contemporánea reside en la simultaneidad de la proclamación de sus derechos y la más severa restricción de las condiciones sociales de su usufructo”.

Hay que insistir en que estas niñas estaban protestando y exigiendo el adecuado cumplimiento de sus derechos. Estaban en ese hogar porque sus derechos ya habían sido violentados. Tanto ellas como sus familias, necesitan ahora del Estado verdad judicial, reparación de los daños y, sobre todo, garantía de no repetición. Nos queremos vivas, incluyendo a todas las mujeres de todas las edades.

* Marta Martínez Muñoz. Socióloga y Cofundadora de Enclave. Mario Andrés-Candelas. Pedagogo.

(1) Historiador de la infancia.
(2) Sociólogo de la infancia portugués.